El acuerdo suscrito entre la Federación Española de Rugby y Alcobendas para tratar de sacar al rugby del agujero negro en el que se encuentra inmerso por sus propios errores no ha sido respondido con una salva de aplausos. Al contrario, la opinión mayoritaria es que no se ha hecho justicia. A muchos aficionados les escuece, porque no lo comprenden por qué al club donde se cocinaron las trampas por parte de tres de sus miembros para habilitar a un jugador suyo, que no cumplía ni de lejos los requisitos de elegibilidad para que pudiera jugar con la selección española, se le haya quitado la multa de 60.000 euros. Todo a cambio de retirar un recurso contra la propia FER, lo que le lleva a asumir su descenso a División de Honor B y a acatar su descalificación para disputar la última final de la Copa del Rey, así como realizar trabajos en beneficio del rugby.
Vaya por delante que los actuales responsables de la FER y del ARU están limpios de polvo y paja en este asunto. Tal vez la gente lo desconozca, pero los acuerdos extrajudiciales son mucho más frecuentes de lo que se piensa. Por ejemplo, en casos tan delicados como todos los relacionados con la violencia de género, de las 3.422 sentencias dictadas por la Audiencia Provincial de Madrid casi la mitad (40,81 por ciento) lo fueron por conformidad entre las partes. No es extraño, por tanto, que Federación y club hayan optado por pasar página aunque se echa de menos un poco más de transparencia. La decisión se entiende aún mejor si se tiene en consideración que la iniciativa para llegar a ese acuerdo no es de parte, sino a instancias del Consejo Superior de Deportes. El peligro de no salir del abismo en años podía seguir latente sine die.
